El dueño de la discoteca Jet Set en República Dominicana, Antonio Espaillat, fue arrestado y enfrenta cargos por homicidio involuntario tras el colapso del tejado el pasado 8 de abril, que dejó un saldo de 235 fallecidos y casi 200 heridos. Según informó The New York Times, el 12 de junio las autoridades detuvieron a Espaillat después de que un empleado del club presentara pruebas que demostraban que había advertido a los propietarios sobre el mal estado del tejado y recomendado cancelar el evento.

La tragedia ocurrió durante un concierto del reconocido artista de merengue Rubby Pérez, en una noche que marcaba el 50 aniversario del emblemático local. Aproximadamente una hora después de que comenzara el espectáculo de medianoche, el tejado cedió. Entre las víctimas se encontraban el saxofonista de Pérez, los exjugadores de la MLB Octavio Dotel y Tony Enrique Blanco Cabrera, y Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia de Montecristi y hermana del beisbolista Nelson Cruz.
Espaillat, descrito por The Times como un acaudalado empresario cuya familia posee una cadena de emisoras de radio, enfrenta cargos junto a su hermana, quien coadministraba la discoteca. Los fiscales acusan a los hermanos de actuar con “negligencia grave e irresponsabilidad” al no garantizar que el tejado fuera reparado de manera adecuada y profesional.
Además, las autoridades señalaron que los Espaillat intentaron influir o intimidar a posibles testigos, aunque no se han revelado detalles específicos de estas acusaciones. La discoteca, propiedad conjunta de Espaillat y su madre, tenía un historial de problemas con el tejado y reparaciones continuas.
En una entrevista televisiva dos semanas después del colapso, Espaillat reconoció que el techo presentaba problemas frecuentes debido a filtraciones de las unidades de aire acondicionado instaladas en el tejado. Afirmó que el día del evento se reemplazaron paneles del techo, pero aseguró que desconocía la magnitud del peligro. Sin embargo, un empleado entregó su teléfono a los investigadores, revelando mensajes en los que advertía a Espaillat sobre las condiciones inseguras y le instaba a cancelar el evento, advertencias que fueron ignoradas.
A raíz de la tragedia, se han presentado numerosas demandas. La semana pasada se completó un análisis formal de ingeniería sobre las causas del colapso, pero los resultados aún no han sido divulgados públicamente.